La dureza exhibida por el Gobierno en sus enfrentamientos con los sindicatos de trabajadores estatales, contrastaban con la flexibilidad evidenciada para con los que dependían de la actividad privada. Cuando metalúrgicos y textiles -en agosto de 1966- comenzaron a negociar sus convenciones colectivas, el gobierno intervino propiciando acuerdos que procuraran "soluciones justas". Era parte de la política destinada a obtener la aquiescencia de una fracción del movimiento obrero, para dividirlo y lograr una CGT controlada por los sectores dialoguistas.
Ya en el mes de septiembre, los sectores combativos del sindicalismo habían repudiado la visita que Augusto Vandor realizó el día 6 a la Casa de Gobierno. Sin embargo, a principios de octubre se eligió la nueva conducción de la CGT, designándose secretario general a Francisco Prado.
Otros dirigentes como Ramón Elorza, Antonio Scipione y Ramón Baldassini ocupaban cargos directivos. El vandorismo había logrado prevalecer, quedando excluidos el sector de Alonso y el controlado por el comunismo.
Cuando se dictó la Ley de Arbitraje Obligatorio, la conducción cegetista apenas dejó oír una suave crítica. Sin embargo, la maniobra de captación del gobierno se compadecía poco con su política económica: nada tenía para ofrecer al movimiento obrero, aunque algunos dirigentes se empeñarán en mostrarse favorables al diálogo.
La presión de los gremios estatales y el temor de que los conflictos se extendieran en las bases, desbordando a la dirigencia, empujó rápidamente a la oposición a las "62 en Pie" (el sector de Alonso) y a los Independientes. El vandorismo no tuvo otra alternativa que reubicarse, asumiendo una postura crítica. El 1° de diciembre, respondiendo a la inquietud de diversos sindicatos, las autoridades de la central obrera declararon un paro nacional, aunque dejando a salvo una vez más su "vocación dialoguista".
El 8 de octubre Perón ha cumplido 71 años. En la reunión de amigos que se realiza en su casa de Puerta de Hierro, el general analiza la situación argentina y las maniobras del gobierno hacia el sindicalismo peronista. "El gobierno -afirma- intenta atraer hacia sí el concurso popular absorbiendo al peronismo para ponerlo, no al servicio del pueblo, sino de la camarilla de intereses que representa. Es suficiente mirar los nombramientos que se han venido haciendo hasta ahora para persuadirnos de esto, porque los fines y la orientación se adivinan por la calidad de los hombres que han de promoverlos. Todos son reaccionarios y cipayos. Poco podemos esperar de esta clase de gente".
Conocedor de la anarquía interna por la que atraviesa el Movimiento, Perón toma previsiones para afrontar lo que prevé como una etapa dura, de claro enfrentamiento con el gobierno militar. En el mes de noviembre, solicita al mayor Pablo Vicente -que lo visita en Madrid- que busque el hombre adecuado para desempeñar la conducción in situ en esas circunstancias, que ponen a prueba el temple de los dirigentes. De la sugerencia de Vicente resultara el nombramiento del mayor Bernardo Alberte como secretario general del Movimiento, que se hará efectiva en marzo de 1967.
En la estrategia de endurecimiento que corresponde a la nueva etapa, Alberte jugará un papel de singular importancia. Otro tanto le corresponderá a los sectores combativos del sindicalismo. Uno de sus más destacados dirigentes, Amado Olmos, pronunciará en el mes de noviembre una conferencia de gran valor político: " ... no aceptamos una CGT que solamente sirva para la resolución técnico-administrativa de los conflictos gremiales, sino que buscamos que ésta exprese con absoluta claridad y valentía la defensa de los intereses de toda la comunidad.
"Ya hemos señalado -prosigue- qué es lo que entendemos por cambio de estructuras, y la CGT no puede tratar de ayudar a decir que se están cambiando estructuras en momento que se sigue manteniendo el mismo sistema en cuanto hace al orden político y económico. La CGT no puede acompañar a las mentiras de los cambios de estructuras, la CGT debe luchar contra ese sistema".
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Discurso de Perón y la juventud. |
Si el gobierno de Onganía procura valerse del oportunismo de algunos dirigentes sindicales, no puede dejar de inquietarse por la creciente combatividad de los trabajadores y la prédica de hombres como Olmos, que avanzan en la definición de posiciones revolucionarias para el movimiento obrero.
Sin embargo, el gradualismo encarnado por Salimei no satisface al empresariado liberal, anheloso de manejar definitivamente los resortes del poder. Los sectores patronales no comparten la inclinación a "coquetear" con los sindicalistas (aunque sean dialoguistas), y presionan para que la CGT sea disuelta.
Reclaman "mano dura" para todo el movimiento obrero y exigen que se avance en la definición de un rumbo económico preciso. Ya Alvaro Alsogaray, al opinar públicamente que la Argentina debía suscribir un convenio de garantía de inversiones con los Estados Unidos para facilitar el ingreso de capitales, había producido un incidente con el ministro Salimei.
El 7 de noviembre, Onganía pronunció un discurso sobre temas económicos, anticipando un cambio de rumbo: anunció un ataque frontal contra la inflación y el déficit publico, así como la voluntad de impulsar medidas privatistas. Todo indicaba que se acabarían las ambigüedades.
En diciembre, el relevo del comandante en jefe del Ejército, general Pistarini, y su reemplazo por Julio Alsogaray, puso de manifiesto el claro avance de los sectores liberales.
El último día de 1966 se produce un hecho ya vaticinado por muchos: un cambio de gabinete arrastra a Salimei, que es reemplazado en el ministerio de Economía y Trabajo por Adalbert Krieger Vasena. También se aleja Enrique Martínez Paz, sustituído por Guillermo Borda. Onganía va cediendo al "pragmatismo" y deja en las manos "expertas" de los técnicos liberales. Sus vagos sueños nacionalistas quedarán refugiados en el ministerio del Interior, donde Borda continuará la línea de su predecesor.