(1) El Mito de Onganía

El 28 de junio de 1966, las Fuerzas Armadas han destituido en forma incruenta al gobierno radical de Arturo Illia. La Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Pascual Pistarini, el almirante Benigno Varela y el brigadier Teodoro Alvarez, se hace cargo del poder en forma interina.

Los primeros decretos disponen la destitución del presidente y vicepresidente, como también la de los gobernadores e intendentes. El Congreso Nacional y las legislaturas provinciales son disueltos, y se separa de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema. También es prohibida la actividad de los partidos políticos y confiscados sus bienes.

En seguida se da a conocer una proclama –el Acta de la Revolución Argentina- en la que se precisan las causas y objetivos de la intervención militar. Dice el citado texto: “Sin autoridad auténtica- elemento esencial de una convivencia armoniosa y fecunda- sólo puede existir un remedo de sociedad civilizada, cuya existencia no puede ser proclamada sin agravio de la inteligencia y el buen sentido. 

Nuestro país se transformó en un escenario de anarquía, caracterizado por la colisión de sectores antagónicos, situación agravada por la inexistencia de un orden social elemental (...). Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las Fuerzas Armadas interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general (...). La transformación nacional es un imperativo histórico que no puede desviarse si queremos conservar nuestra fisonomía de sociedad civilizada, libre, y los valores esenciales de nuestro estilo de vida (...).

Para ello, era indispensable eliminar una falacia de una legalidad formal y estéril bajo cuyo amparo se ejecutó una política de división y enfrentamiento que hizo ilusoria la posibilidad de esfuerzo conjunto y renunció a la autoridad de tal suerte, que las fuerzas armadas más que sustituir un poder, vienen a ocupar un vacío de tal autoridad y conducción...”

Asimismo, el Acta pone en vigencia el Estatuto de la Revolución y designa al general Juan Carlos Onganía en el cargo de presidente de la República Argentina.

Al día siguiente, Onganía procedía a jurar su cargo sobre los Estatutos de la Revolución. La Constitución continuaba en vigencia, en todo aquello que no contrariara dichos Estatutos, que quedaban consagrados como ley de la Nación.

No se hablaba de gobierno "provisional", ni se ponía término alguno para su gestión. Disuelto el Congreso, la facultad legislativa quedaba en manos del presidente: sus decretos se denominarían leyes y no requerirían ninguna otra instancia de aprobación. Al designarse nuevos miembros de la Corte Suprema, desaparecía de hecho la tradicional "independencia" del Poder Judicial. En cuanto al sistema federal, también se esfumaba, porque los interventores designados en las provincias recibían el cargo de gobernadores, actuando como delegados del gobierno nacional.

Quedaba claro que no serían las Fuerzas Armadas las que gobernarían: otorgaban al general Onganía la suma del poder público. Le firmaban un cheque en blanco. La Junta de Comandantes sólo reservaba para sí dos funciones: el poder constituyente (a ella correspondía la modificación del Estatuto de la Revolución Argentina, en caso necesario) y la de gran elector en caso de vacancia del Poder Ejecutivo.

Onganía, el legalista de pocos años atrás, lo había exigido así como condición irrenunciable para aceptar el gobierno. Era, en verdad, coherente con su concepto de profesionalismo: las Fuerzas Armadas debían permanecer disciplinadas y apartadas de la política, que introducía en ellas el gérmen del estado deliberativo y la descomposición. Era un verdadero cesarismo el que se establecía en el país.

Todo indicaba la voluntad de introducir cambios intensos en las estructura políticas y económicas, desechando las prescripciones del sistema demoliberal, notoriamente desprestigiado por su propia deformación en el empeño de cerrar el camino al peronismo. 

Pero, ¿qué se propondría realmente Onganía? ¿Cuál sería el objetivo último de las Fuerzas Armadas al depositar en sus manos esa suma de poder? Y, fundamentalmente, ¿con qué expectativas recibía al adusto general cada sector de la sociedad argentina?

Las reacciones sectoriales

Las reacciones de los distintos sectores ante un gobierno, suelen ilustrar con bastante fidelidad acerca del contenido social del mismo. Sin embargo, con Onganía resultaría más difícil: cada uno esperaría de él algo distinto y lo revestiría con sus propios anhelos.

La profunda crisis por la que atravesaba el sistema político, explicaba la ilusión que en muchos argentinos germinaba con relación a la etapa que se abría. Buena parte de la clase media, que había sido presa fácil de la bien planeada acción psicológica de los medios pro-golpistas, saludaba con expectativas favorables al nuevo gobierno.

Los sectores populares, por su parte, habían percibido como antagónico al radicalismo, llegando al poder merced a la proscripción del peronismo: no tenían motivos para lamentar su caída. En cuanto a las clases dirigentes, el "establishment" empresario en general, recibió a los militares con alivio y optimismo: tradicionalmente representaban la restitución del orden y la disciplina laboral amenazada por los desbordes sindicales.

Además, Onganía parecía prometer la eficiencia de que había carecido la vacilante administración de Illia. No echarían de menos la eterna "demagogia" de la política comiteril, que obstaculizaba la modernización del país.

El optimismo de los medios financieros se reflejó en alzas de hasta 70 puntos en algunas acciones. El Economic Survey del 5 de julio señalaría que "...los círculos comerciales estadounidenses y especialmente los representantes de los grandes bancos y las grandes empresas han expresado su satisfacción ante la revolución y reafirmado su interés en el país". 

Por su parte, las entidades patronales -ACIEL, la Confederación General Económica, la Sociedad Rural y la Unión Industrial- manifestaron oficialmente sus calurosas adhesiones a las nuevas autoridades. La UIA no dejó de ofrecer su consejo, recomendando al gobierno la aplicación de una política salarial severa, que redujera el consumo interno, así como una drástica contracción del gasto público.

También la Iglesia mostró su contento. El cardenal primado, monseñor Caggiano, manifestó: "¡Es una aurora! ¡Nuestro país, gracias a Dios, marcha hacia su grandeza!".

La cosa estuvo más matizada entre los partidos políticos. Además del radicalismo -obviamente adverso- censuraron el golpe militar el partido comunista y los socialistas democráticos.

El resto de las fuerzas políticas, en mayor o menor medida, justificaba el pronunciamiento. Todos los sectores provenientes del conservadorismo, así como los frentistas -como el MID- se mostraban favorables. Aún sectores de la Izquierda Nacional, encabezado por Jorge Abelardo Ramos -sostenían la necesidad de ver actuar al nuevo gobierno antes de juzgarlo. Es que el sesgo antiliberal de la revolución y la presencia de un sector nacionalista en el Ejército, alentaban la creencia en el surgimiento de una especie de nasserismo argentino. 

¿Y el peronismo?

La situación de peronismo resultaba paradojal. Era notorio que un sector del sindicalismo -el vandorismo -que hacía profesión de fe justicialista- había estrechado sólidos vínculos con los militares golpistas. La asistencia de Vandor y otros dirigentes a la ceremonia de juramento de Onganía, no dejaba dudas al respecto. 

El peronismo político, el resto de la dirigencia sindical enfrentada a Vandor y aún la militancia, tampoco encontraban razones para lamentar la caída del gobierno radical. Se trataba de un régimen adverso, que se había aprovechado de su proscripción y había impedido el regreso de Perón al país. 

Además, los radicales habían sido cómplices notorios de los "libertadores" de 1955. Recogían, pues, lo que habían sembrado. Barridos todos los partidos políticos, ahora estaban en igualdad de condiciones. Más aún, el interés mostrado por los militares en obtener el concurso sindical, abría la esperanza de un gobierno que alentara la participación de los sectores laborales. 

Estas esperanzas parecían contradictorias, si se tiene en cuenta que uno de los móviles del golpe militar había sido cerrar el camino a un nuevo triunfo electoral del justicialismo en 1967. En efecto, un documento previo al pronunciamiento castrense, preparado en el Estado Mayor del Ejército, efectuaba las siguientes previsiones: 

a) De no adoptar medidas que lo impidan, en marzo '67 el peronismo obtendrá el triunfo electoral en varias provincias, incluso en algunas de las llamadas "provincias mayores" (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba). 

b) El debilitamiento del Gobierno y el triunfo electoral peronista en marzo '67 lleva naturalmente al acceso al gobierno nacional al peronismo en 1969. 

c) El triunfo peronista en 1969 significa la implantación de una república sindical totalitaria de izquierda. 

d) En los cuadros del Ejército hay un porcentaje que, por ingenuidad e impulsados por el deseo de mantener la legalidad, no se opondrán al acceso del peronismo al poder. 

e) En el momento de las elecciones el peronismo superará sus divisiones internas presentando un frente único.

f) Se considera a los efectos de este estudio como enemigo al peronismo sindicalista y no al partido gobernante". 

Sin embargo, y como lo probaban sus manifestaciones previas, Perón no se engañaba. Puesto ante el hecho consumado, su consigna fue "desensillar hasta que aclare". Sin dejar de reclamar elecciones libres, el líder justicialista señaló coincidencias con los objetivos declamados por los nuevos gobernantes, así como la necesidad de esperar sus próximos pasos para saber a qué atenerse.

EI ex presidente no desconocía la trama del golpe. Pero era conciente de la necesidad de agrupar sus fuerzas, sin desatar una ola persecutoria sobre las mismas. Sabía que el tiempo jugaba a su favor: el desgaste del gobierno militar sería inevitable, y no duraría mucho. Luego, pensaba con razón, ya no se podría retornar a la "democracia proscriptiva". Ya llegaría para el justicialismo el tiempo de actuar, convirtiéndose en el referente natural de toda oposición al nuevo régimen. 

Apenas producido el golpe, Perón ha enviado un mensaje al Movimiento: "Nosotros queremos que se trabaje para el bien del país en primer término. Que se haga justicia al Movimiento Peronista en segundo y que sus hombres sean tratados en la medida que lo merezcan, en tercero. Si estas cosas se realizan tendremos la obligación de apoyar esta revolución, pero si el tiempo demuestra lo contrario, tendremos también la obligación de oponernos a ella". 

Por esos días -el 9 de julio- regresa a Madrid Isabel, que ha permanecido largos meses en la Argentina. El general la recibe con evidente satisfacción por su desempeño político, conforme a las instrucciones que le impartiera oportunamente. 

Hacia fines de julio, Perón ya tiene elementos suficientes como para evaluar la naturaleza del régimen de Onganía. Así lo hace en su correspondencia privada: "He visto -escribe- que las cosas de la dictadura militar siguen de mal en peor. Basta observar los nombramientos y los primeros pasos de los nuevos funcionarios para percatarse de cómo irán las cosas en el futuro. 

He visto que, como todo lo hacía prever, que Alvaro Alsogaray ya ha comenzado a cometer los mismos desatinos que lo hicieron el hazmerreír en otros tiempos y que coloca a la dictadura en la misma triste situación en que estuvo el gobierno de Frondizi. Es que hay hombres que son fatídicos para todo y éste es uno de ellos. Con otro de esta clase el gobierno estará enterrado para siempre (...). 

"En pocas palabras -sigue la carta-, cada día se perfila más esta dictadura como cipaya y reaccionaria, mechada de nacionalismo desfigurado, clericalismo y, sobre todo, ignorancia. El haber pretendido colocarse en situación supraconstitucional para perpetuar en el gobierno a una camarilla con el poder absoluto colma toda medida".