En el mes de octubre de 1963, Perón lanza un extenso pronunciamiento en el que analiza los hechos de la política argentina reciente. Tras referirse a la dictadura de Aramburu y al régimen desarrollista, dice: "El gobierno de Guido fue sólo la consecuencia de lo anterior; se produce en el momento en que las circunstancias demostraron que Frondizi podía malograr los fines y los planes de la dictadura militar que prácticamente venía gobernando desde 1955.
"Todo esto demuestra de una manera elocuente que existe un verdadero plan contra el poder civil, encaminado a mantener la supremacía militar en todos los aspectos de la vida nacional, cosa que parece una consigna continental, a la que no serían ajenos los agentes foráneos de presión. Guido fue aceptado de buen grado porque los "altos mandos" se persuadieron de que, por sus escasos valores y falta de personalidad, era el personaje que más se adaptaba a sus intenciones y designios. (...)
Así se llega a la farsa de las elecciones del 7 de julio de 1963, que quedarán en la historia política argentina como un modelo de arbitrariedad y descarada simulación. En ellas se convirtió la mayoría en minoría y se obligó al pueblo a optar entre hombres repudiados, al tiempo que se proscribía, no a un hombre o a un partido, sino a toda la opinión pública nacional. Como consecuencia de este episodio, el país dispone hoy de un gobierno fantasmal, cuya representatividad efectiva ni se acerca siquiera al veinte por ciento del electorado argentino".
Al finalizar el documento, Perón lanza la posibilidad de un acuerdo político, echando las bases de una estrategia destinada a fructificar años más tarde: "... existe, sin embargo, una última oportunidad de solución que puede evitar las graves consecuencias mencionadas: que el gobierno impuesto por la última opción se decida a terminar a corto plazo esta situación inadmisible creada en el país por tanta ignominia en lo económico, en lo social y en lo político."
"Si el enemigo común de la actividad son los mandos de ocupación, lo natural será que nos unamos contra ese enemigo común para desmontar sus fuerzas en forma de que no puedan seguir gravitando funestamente en contra del país y de su gobierno".
Tiempo más tarde, esa propuesta de Perón hallará eco en otras fuerzas políticas y otros sectores sociales. Pero ese momento no ha llegado todavía.
Tras la profunda recesión producida por las gestiones de Pinedo y Alsogaray, una importante mejora en la actividad agropecuaria –la cosecha de 1964 tuvo características excepcionales- se tradujo en un significativo incremento del Producto Bruto Interno. Por lo demás, el gobierno radical ha procurado poner al día los sueldos públicos atrasados y los pagos a proveedores.
Se postergó la realización de obras públicas que requerían inversiones de importancia y se evita contraer nuevas deudas en el exterior. Para favorecer el desenvolvimiento industrial, se facilita el retiro de equipos y maquinarias acumuladas en el Puerto a causa de dificultades cambiarias. Pero se trataba de una política defensiva e insuficiente.
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Inauguración de ampliaciones fabriles en Somisa. |
Faltaba al gobierno radical el sustento para llevar adelante una política económica de contenido nacional. Sus tímidos intentos redistributivos, producirían desconfianza empresaria y se traducirían en una merma de la inversión y crecientes dificultades fiscales.
En el mes de agosto de1964 falleció el ministro Eugenio Blanco, siendo reemplazado por Juan Carlos Pugliese. El nuevo ocupante de la cartera alentó la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, que fue presentado en octubre, y en cuya preparación participó el ingeniero Roque Carranza, secretario general del CONADE. De orientación cepaliana, el proyecto se proponía impulsar el desarrollo industrial en el próximo quinquenio.
Despertó severas críticas de parte del desarrollismo y del ex ministro Álvaro Alsogaray, quien utilizó las pantallas televisivas para señalar los errores en que -según su parecer- incurría el gobierno radical.
El 6 de agosto de 1964. con motivo de realizarse la 52 Conferencia de Ejércitos Americanos en West Point, el general Onganía expuso las funciones y responsabilidades que -a su entender- cabían a las Fuerzas Armadas en esta parte del mundo.
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Militares en la gestión Illia. |
Dijo, entre otras cosas, el comandante argentino: "La subordinación es debida a la autoridad del gobierno en cuanto éste emana de la soberanía popular, en cuyo nombre la ejerce conforme a los preceptos constitucionales (...) las instituciones armadas tienen como función en lo interno la preservación de la paz interior, el mantenimiento de las instituciones republicanas y el sostén de los derechos y garantías esenciales que la Constitución consagra.
Está claro entonces que tal deber de obediencia habrá dejado de tener vigencia absoluta si se produce, al amparo de ideologías exóticas, un desborde de autoridad que signifique la conculcación de los principios básicos del sistema republicano de gobierno o un violento trastocamiento en el equilibrio e independencia de los poderes o un ejercicio de la potestad constitucional que suponga la cancelación de las libertades y derechos de los ciudadanos.
En emergencias de esa índole, las instituciones armadas al servicio de la Constitución no podrían ciertamente mantenerse impasibles, so color de ciega sumisión al poder establecido, que las convertiría en instrumentos de una autoridad no legítima, ya que es de toda evidencia el hecho que contra el sistema de la democracia representativa puede atentarse con menor efectividad desde el llano que desde el gobierno."
Los libertadores de 1955 no lo habrían dicho mejor...