(1) Las elecciones 

El 24 de mayo de 1963, Perón ha sugerido desde Madrid la Fórmula con la cual el Frente Nacional y Popular debe concurrir a las elecciones del 7 de julio: Solano Lima-Sylvestre Begins. Desde Bariloche, Frondizi ha manifestado su adhesión y otro tanto han hecho las 62 Organizaciones. Sin embargo, esa posibilidad naufragará. 

Al reunirse la Convención Nacional de la UCRI para decidir su apoyo al Frente, el sector liderado por Oscar Alende provoca una virtual escisión. Este último anuncia el mantenimiento de su propia candidatura presidencial, con lo que el partido queda dividido y una de sus fracciones desvinculada del Frente, a despecho de las instrucciones de Frondizi. 

Por lo demás, con la designación del general Osiris Villegas en el ministerio del Interior, los militares azules -que se han vuelto "violetas"- dejan clara su intención de cerrar el camino al Frente y a toda iniciativa política que provenga del peronismo. A través de dos decretos-ley de carácter abiertamente proscriptivo, se hace imposible la postulación de los candidatos de la Unión Popular y demás partidos de inspiración peronista a cargos ejecutivos. Decenas de candidatos Provinciales son inhabilitados y el mismo Solano Lima es cuestionado. 

Quedan pocas alternativas: Perón declara la abstención, ante la manifiesta trampa comicial. Las 62 Organizaciones se hacen eco de esa decisión. También Frondizi se declara partidario de esa tesitura, negando así su apoyo a Alende. El ministro del Interior, en tanto, manifiesta que el gobierno no es responsable de la abstención. 

Desarticulada la posibilidad frentista, los militares creen haber despejado el camino de la presidencia a Pedro Eugenio Aramburu. El voto peronista se dividirá desorientado -especulan- y el antiperonismo se volcará plenamente en favor del hombre que representa la continuidad política de la revolución libertadora. El ex presidente de facto intensifica su campaña, al amparo de la agrupación política creada al efecto: UDELPA (Unión del Pueblo Argentino). 

Por su parte, los radicales del Pueblo llevan adelante su propia campaña electoral, con parsimonia y de acuerdo al uso tradicional. Han dado por cierto el triunfo frentista, por eso los jefes partidarios -Balbín y Zavala Ortiz- han cedido la candidatura presidencial a Arturo Illia, viejo dirigente del sabattinismo cordobés, ex diputado nacional y gobernador electo de su provincia. 

Sin embargo, el fracaso de la alternativa frentista ha jugado una mala pasada a Balbín, colocando a su partido en situación de disputar la presidencia con Alende y Aramburu cuando él -que era el candidato lógico- ha dado un paso al costado. 

Los comicios del 7 de julio

La postulación de Aramburu -el candidato de la "libertadora", el fusilador del 56'- marcó con su impronta los comicios de julio de 1963. Mientras los sectores gorilas se volcaban en su apoyo, gran parte del país buscó votar en su contra. Así, muchos peronistas desoyeron la orden de Perón y sufragaron por Illia o Alende en procura de un voto "útil". 

Eso fue lo que se reflejó en los resultados: la UCR del Pueblo mantuvo su caudal histórico y obtuvo la primera minoría (2.444.064 sufragios, que significaron el 25,8%). Le siguieron los votos en blanco, que sumaron 1.884.435 (19,2%) Y disminuyeron con relación a 1960 (25,1 %) y 1957 (24,3%). La candidatura de Oscar Alende cosechó 1.593.002 votos (16,8%) y la de Aramburu solamente 726.861 (7,7%), evidenciando el repudio de la mayoría de los argentinos hacia la revolución libertadora y su herencia. 

El sistema proporcional implementado y el estrecho margen de la victoria radical, no permitirían mayoría propia en el colegio electoral. Arturo Illia había conseguido 168 electores, Alende 110 y Aramburu 72. El acceso del candidato de la UCR del Pueblo a la presidencia sería posible merced al apoyo del conservadorismo, el socialismo democrático y algunas agrupaciones neoperonistas del interior del país. 

Un gobierno mal elegido

Los últimos meses del gobierno de José María Guido transcurrían en relativa calma. No serían sino un interregno hasta que asumieran las nuevas autoridades. Los argentinos habían votado (la concurrencia a las urnas había sido alta: 85,5 %), pero casi 1.900.000 de ellos lo había hecho en blanco porque sus candidatos habían sido proscriptos. 

Otros entregaron sus votos a Illia o Alende como un mal menor, para cerrar el paso a Aramburu. A nadie podía escapar que el gobierno de Arturo Illia nacía mal. Sus orígenes estaban viciados, a despecho de la honestidad personal del viejo médico de Cruz del Eje (ascendido a la presidencia por una circunstancia azarosa) y aún de sus convicciones democráticas, a las que tan frecuentemente se aludiría con posterioridad. 

El radicalismo del pueblo aprovechaba la proscripción de la fuerza política mayoritaria para llegar al gobierno. Se enmarcaba así en el fraude, convirtiéndose en cómplice y usufructuario del mismo. Repetía -con agravantes- la maniobra de la que él mismo había sido objeto en la década del 30', al vetarse la fórmula Alvear-Güemes en favor de Justo-Roca. En esa oportunidad, los radicales habían reprochado largamente a demoprogresistas y socialistas, la concurrencia al comicio, que cohonestaba la burla a la voluntad popular. Ahora hacían otro tanto, pero eran ellos los que imponían un presidente mal elegido.

Perón, en un escrito posterior, fustigaría severamente las maniobras que culminarían con la entronización de la democracia fraudulenta: "Estos escarnecedores de la democracia, en lo político, comienzan por proscribir a la mayoría mediante las trampas de sus "estatutos" y, cuando ello no les es suficiente, recurren a las más burdas maniobras que configuran verdaderas atrocidades jurídicas y constitucionales, para burlar a la voluntad popular. Nada de cuanto pueda constituir el arsenal perverso e insidioso de los fraudes políticos ha quedado inactivo en este período de la "democracia gorila", hasta que hemos llegado al momento en que se habla desembozadamente de la trampa que hay que hacer para evitar que la mayoría llegue a imponer su voluntad. Es que se ha llegado ya al colmo de lo impúdico y al límite de lo concebible en materia de corrupción".

Illia asume el gobierno

El 12 de octubre de 1963, Arturo Illia y su compañero de fórmula Carlos Perette asumieron el gobierno. Con alivio evidente, José María Guido puso las insignias del mando en manos del nuevo presidente. 

Dadas las precarias condiciones en que IIlia había sido elegido, muchos esperaban que procurara constituir un gabinete de coalición. Podía contar, para ello, con cierto apoyo político que iba desde el conservadorismo hasta el partido comunista, e incluía a ciertas fuerzas neoperonistas. Pero el radicalismo aguardaba hacía tiempo la posibilidad de ejercer el gobierno y prefería hacerlo en forma exclusiva. Illia decidió dejar todos los cargos de su gabinete en manos de hombres de su partido, en el que coexistían los viejos gorilas del unionismo, junto a los intransigentes que no se habían ido con Frondizi, y los sabattinistas de moderado progresismo como el mismo presidente. 

Los unionistas se hicieron con las carteras de Relaciones Exteriores (Miguel Angel Zavala Ortiz), Salud Pública (Arturo Oñativia), Obras y Servicios Públicos (Miguel Ángel Ferrando) y Defensa (Leopoldo Suárez). Provenían de la intransigencia Alconada Aramburu (Educación), Fernando Solá (Trabajo), Juan Palmero (Interior) y Eugenio Blanco (Economía). El haber optado por un gabinete partidario, no lo convertiría, no obstante en monocolor: las discrepancias entre las distintas tendencias se harían sentir en más de una oportunidad. 

También adquirirían importancia en la gestión del gobierno radical los equipos de asesores que actuaban en el Comité Nacional partidario, como el que orientaba Germán López, en el que se contaban hombres como Antonio Tróccoli, Raúl Alfonsín y Luis Caeiro, éste último secretario general de la Presidencia. En el área económica intervendrían activamente Bernardo Grinspun, Roque Carranza, Alfredo Concepción y Enrique García Vázquez.

Por lo demás, al gobierno radical no le resultaría fácil imponer sus decisiones en el Congreso: contaba solamente con 71 diputados, frente a 45 de la UCRI, 18 de UDELPA, 18 de la Federación de Centro, 13 de la Democracia Progresista y 8 obtenidos por las fuerzas neoperonistas que habían podido sortear el veto. La UCR del Pueblo había ganado en trece provincias, por lo que la relación de fuerzas en el Senado le era favorable.