El ministro Perkins confiaba en que si se lograba reunificar a la UCR del Pueblo con algunos sectores de la UCRI y se impulsaba una reforma electoral adecuada (algo semejante a la "Ley de Lemas" uruguaya, que permitiera agrupar los votos de varios partidos distintos que llevaran el mismo nombre), sería posible vencer al peronismo en las urnas, resolviendo así el problema político principal. Logró que Guido fijara fecha de elecciones para octubre de 1963 y de traspaso del poder para abril de 1964.
Sin embargo, sus planes eran poco aceptables para los sectores gorilas. El peronismo venía radicalizando cada vez más sus actitudes políticas, desarrollando una táctica que por entonces se daría en denominar el "giro a la izquierda". La prensa publicitaba ampliamente ese desplazamiento, que atemorizaba a militares y sectores ligados al "establishment" económico.
Inclusive, desde las filas del partido comunista surgiría una nueva interpretación del peronismo, que Perón comentaría jocosamente: "He leído lo que se refiere al significado del giro a la izquierda del peronismo tal como lo consideran los comunistas y pienso que en todo eso hay un error de base."
"En efecto, el peronismo está hoy donde siempre ha estado: junto al pueblo argentino, solidario con sus luchas y sus sufrimientos (...). La conclusión que saco, después de leer el informe comunista, es que el comunismo argentino es quien está dando un giro a la izquierda".
Pero lo cierto es que los confiados planteos de Perkins no convencían a los militares "duros". Subsistía, además, un Congreso fantasmal, cuyas funciones no estaban claras para nadie. Desesperanzado de poder imponer sus ideas, el ministro del Interior debió renunciar el 24 de junio.
Lo sustituyó otro radical del Pueblo, Carlos Adrogué, comprometido con la derecha liberal y de acendrado antiperonismo, que se convertiría en el brazo político de los militares gorilas. El ministerio de Defensa fue confiado al conservador Adolfo Lanús.
El nuevo gabinete dio impulso a un estatuto de los partidos políticos que respondía por entero a las aspiraciones de los militares más reaccionarios, y particularmente de la fuerza naval. Conocido con el nombre de Estatuto Adrogué, proscribía expresamente al peronismo y a todo partido "totalitario" o que propiciara el regreso de Perón.
Sólo podrían participar en elecciones presidenciales los partidos que hubieran obtenido al menos el 13% de los votos en la mitad de las provincias, en las últimas elecciones, quedando únicamente en pie el radicalismo del Pueblo, la UCRI y la democracia cristiana.
Tampoco podrían ser candidatos los sindicalistas y se prohibía toda propaganda peronista, así como la difusión de su ideario. Finalmente, se instituía la representación proporcional. En suma, el instrumento legal de una "democracia" a medida de los gorilas...
En tanto, se dejaban sentir las consecuencias de la política económica aplicada por Álvaro Alsogaray. Se había suscripto un nuevo acuerdo "stand by" con el FMI, que impuso la reducción de los derechos de importación, el incremento de los impuestos sobre el consumo y de las tarifas de los servicios públicos. Se redujeron las retenciones a las exportaciones tradicionales, se restringió la oferta monetaria y se redujeron el gasto y la inversión pública. El dólar alcanzó los $138.
La violenta transferencia de ingresos de los sectores industriales al agro, produjo una pronunciada recesión en la actividad manufacturera, estimulada también por la contracción del crédito y la reducción de la demanda y el empleo. Hubo despidos masivos de trabajadores industriales y se alcanzaron records de quebrantos comerciales en el sector.
El nivel salarial en la industria llegó a estar, en 1962, 20 puntos por debajo del correspondiente a 1958. Entre 1957 y 1962, el consumo anual per capita de carne bajó de 105 kg. a 91,7, Y el de la leche de 92,7 litros a 64,7.
La disminución de la actividad económica contrajo la base tributaria, por lo que el déficit estatal no se redujo sino que aumentó. No fue posible pagar las cuentas ni los salarios del sector público, que el ministro de economía determinó abonar con títulos del "empréstito patriótico" 9 de julio, lanzado por esos días.
Aldo Ferrer ha caracterizado así la política económica de Alsogaray: "Esa estrategia pretendió desarticular definitivamente el movimiento obrero, reinstalar los mecanismos de poder económico y la distribución del ingreso vigentes antes del peronismo y asentar a la economía argentina, nuevamente, en el sector agropecuario exportador y en los grupos comerciales y financieros ligados a ellos".
Las respuestas sociales a tal política económica no se hicieron esperar. En mayo, la CGT había lanzado un plan "contra el hambre y la desocupación", al que siguieron multitud de huelgas y un paro general en los inicios de agosto.
En ese mes, se producía también la desaparición del activista sindical Felipe Vallese, que de ningún modo sería un hecho aislado. No otra era la respuesta del régimen a la legítima protesta de la clase trabajadora.
No conforme con su victoria política , el sector ultragorila aspiraba a dominar los mandos del Ejército. El 8 de agosto se sublevó en Jujuy el general Federico Toranzo Montero, desconociendo a Loza y proclamándose comandante en jefe. Sin suficiente apoyo para resistir, Loza renunció a pesar de que Rauch y otros generales se habían pronunciado a su favor.
Pero terminó prevaleciendo la línea encarnada por Rauch -que contaba con la mayoría de los comandantes de divisiones- y Guido designó secretario del arma al general Eduardo Señorans, un legalista próximo a los oficiales de Campo de Mayo.
No obstante, los rebeldes no cejaron: Toranzo Montero viajó a Buenos Aires, e instalado en Palermo, dispuso sus tropas sobre la capital. Sobre él convergieron las fuerzas de caballería blindada de Magdalena, al mando del coronel López Aufranc, y las de Campo de Mayo, que comandaba Onganía.
Cuando la superioridad de fuego de los legalistas parecía definir la situación, el apoyo de la marina y el deseo de Guido de evitar un enfrentamiento, obraron en favor de los sublevados. Tras una negociación, el presidente designó en la secretaría de Guerra al general Cornejo Saravia, bien visto por los gorilas. Junto con Señorans, había dimitido el ministro de Defensa, Cantilo.
Otra vez triunfantes, los “duros” lograron la reincorporación al servicio activo del general Juan Carlos Lorio, que fue designado comandante. Otro reincorporado, el general Bernardino Labayrú, ocupó la jefatura del Estado Mayor. Sin embargo, subsistían legalistas en los mandos: lo era el subsecretario, general Caro, y también el nuevo jefe de Campo de Mayo, Julio Alsogaray.
La situación militar era tensa, y el enfrentamiento interno no demoraría en hacer eclosión.