(2) Un crudo invierno

Los mandos militares no parecían tener muy en claro los pasos a seguir, inmediatamente después del derrocamiento de Frondizi. En el país no había gobierno, y por un momento prevaleció el criterio de que las fuerzas armadas se hicieran cargo del mismo. Poggi se manifestó dispuesto a asumir la presidencia. 

Pero en el interín, Guido se había constituído en su despacho del Senado. Instado por Federico Fernández de Mojardín -presidente de la Cámara de Diputados- y Rodolfo Martínez -el ministro de Defensa propuesto por Aramburu-, accedió a hacerse cargo del Poder Ejecutivo, en vista de la situación de acefalía de hecho. En compañía de Martínez, se dirigió a Tribunales para prestar juramento ante los miembros de la Corte Suprema, previamente avisados. Así lo hizo.

Poco más tarde, el nuevo presidente ingresaba en la Casa Rosada, donde lo aguardaba un nutrido grupo de personalidades civiles y militares, entre las que se contaban los tres comandantes. Tras un reproche inicial de Poggi, por haber prestado juramento sin previo aviso, Guido debió someterse a una suerte de examen, rendido ante los jefes militares y sus asesores civiles -Manuel Ordóñez y Alejandro Lastra, entre otros-.

Se mostró cauto en sus expresiones -era hombre prudente- y debió firmar un acta que contenía compromisos previsibles: anular las elecciones del 18 de marzo, disolver el Congreso, reformar la Ley de Acefalía y la Ley Electoral (implantado el sistema proporcional) y derogar la Ley de Asociaciones Profesionales. 

Luego, Guido integró su gabinete: Rodolfo Martínez quedó como Ministro del Interior y Oscar Puiggros se hizo cargo de la cartera de Trabajo. Mariano Drago fue ministro de Relaciones Exteriores y Federico Pinedo -ultraliberal y ministro de la década Infame- de Economía. En la secretaría de Guerra sucedió a Rosendo Fraga un gorila definido, el general Marino Carreras. 

El “shock” de Pinedo

El paso de Federico Pinedo por el ministerio de Economía, con ser breve, produciría consecuencias catastróficas. 

Eliminó rápidamente toda medida de protección a la industria, dejando de lado los planes en materia siderúrgica, petroquímica y de explotación hidroeléctrica que -de uno u otro modo- había alentado el desarrollismo. Suprimió la intervención del Banco Central en el mercado de cambios, lo que produjo una desefrenada alza del dólar (de $83 a $110). lncrementó el precio de los combustibles y los impuestos, al tiempo que recargaba las exportaciones. 

En conjunto, se desalentó la actividad industrial y se produjo una enorme trasferencia de ingresos en favor de los sectores agroexportadores. El desajuste fue de tal magnitud, que el ministro -marcada su impronta- debió renunciar a las dos semanas de haber asumido. Pero le sucedería Alvaro Alsogaray. 

Disenso militar

En las Fuerzas Armadas no había una sola opinión sobre el rumbo que debería seguirse. En el Ejército, a través del nuevo secretario de Guerra, general Marino Carreras, había crecido la influencia del sector ultragorila. Prevalecía en sus integrantes la idea de que el peronismo representaba la amenaza de una revolución proletaria, que no podría detenerse con paños tibios sino con extremo rigor.

El único camino seguro para conjurar a ese monstruo emergido de los infiernos, era instalar una dictadura militar "democrática" y prolongada. Ese criterio era también dominante en la Marina, cuyos hombres pensaban y actuaban con llamativa unidad. 

No era, en cambio, mayoritario en el Ejército. Los militares "legalistas" sospechaban los riesgos de una dictadura, que podría encontrarse con la desaprobación y aún el desconocimiento del gobierno norteamericano, inclinado últimamente a propiciar la "democratización" en América Latina. 

Se apoyaban en las conclusiones de un informe reservado, elaborado por el teniente general Juan Bautista Picca, en el que se señalaba el peligroso desgaste que podría acarrear al Ejército la implantación de una dictadura militar en la Argentina.

Sustentándose en la opinión de los "legalistas", el ministro Martínez resistía la exigencia de los jefes golpistas, de intervenir la totalidad de las provincias y anular las elecciones. Pero la presión gorila arreciaba y el ministro debió renunciar. 

Sin embargo, el 20 de abril el sector "legalista" reaccionó contra el excesivo poder acumulado por los partidarios de la dictadura. El general Enrique Rauch, del arma de caballería, se sublevó en Campo de Mayo, exigiendo la renuncia del secretario de Guerra. Guido procuró acomodarse a la nueva situación, eliminando a Carreras y sustituyéndolo por Rauch, pero la medida fue resistida por el comandante Poggi. 

Tras intensas negociaciones, ambos -Rauch y Poggi- pasaron a retiro y fue designado el general Juan Bautista Loza en ambos cargos. Parecía una media victoria de los legalistas, pero la Marina -hasta entonces ajena a la crisis- puso todo su peso en favor de las exigencias del sector ultragorila.

Clement -secretario del arma- recordó a Guido los compromisos asumidos en el sentido de anular las elecciones. Allanándose a la imposición, el presidente procedió a la firma de los decretos de anulación e intervenciones provinciales, los días 24 y 25 de abril. 

Poco después, entraba en funciones un nuevo gabinete en el que los radicales del Pueblo detentaban las carteras de Interior -Jorge Walter Perkins- y Defensa -José Luis Cantilo-. La cancillería quedaba a cargo de Bonifacio del Carril. En tanto, el general Loza opinaba que las fuerzas armadas no debían gobernar, sino "defender la democracia".