(3) El contrato con la California

En el mes de abril de 1955, el clamor levantado por la oposición en torno a la cuestión del petróleo alcanzará su punto culminante. EI titular de industria, Orlando Santos, firma con la empresa California Argentina de Petróleo SA -una subsidiaria de la Standard Oil- un convenio para la explotación petrolera en el sur argentino. 

Al conocerse los términos del Contrato, se dejan oír indignadas protestas. A la gritería opositora -radicales, nacionalistas, universitarios- se unen las reservas que muchos peronistas formulan al respecto. También despierta seria inquietud en el ejército. Perón, que preveía la reacción, ha dicho pocos días antes: "Ya hemos conseguido ponernos de acuerdo con las empresas que nos van a sacar el petróleo. Lo van a sacar para nosotros, no para ellos. Y vamos a trabajar asociados con ellos en la tarea de extraerlo (...). Sé que ahora aquellos que entregaron el país cuando estuvieron en el gobierno, van a decir que los entregadores somos nosotros y que ellos son los libertadores". 

Desde su cátedra de Derecho Agrario y Minero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Adolfo Silenzi de Stagni impugna con severidad los términos de la negociación. El 26 de mayo dicta una clase especial, dedicada a analizar pormenorizadamente el contrato, destacando aquellas cláusulas que a su entender lesionan la soberanía. "Es muy difícil guardar la serenidad y la compostura de un profesor universitario cuando se leen disposiciones como las que comentamos, pero que si queremos llegar hasta el final, debemos armarnos de una gran paciencia ...", dice en cierto momento de su exposición. 

También Arturo Frondizi, algún tiempo después, expresa la crítica del radicalismo: "La UCR exige el rechazo del proyectado convenio con una empresa petrolera foránea, porque ese convenio enajena una llave de nuestra política energética, acepta un régimen de bases estratégicas extranjeras y cruza la parte sur del territorio patrio con una ancha franja colonial, cuya sola presencia -si el convenio se sancionara- sería la marca física del vasallaje". 

Los términos del contrato eran los normales que un trust internacional podía suscribir. Se entregaban a la empresa concesionaria cerca de 50.000 hectáreas en Santa Cruz, durante un término de cuarenta años prorrogable por cinco más, para la exploración y explotación de los hidrocarburos que se hallaran. El total del petróleo extraído sería entregado a YPF al precio Internacional, con un descuento del 5%. Las ganancias obtenidas se repartirían por mitades y la empresa se obligaba a invertir cerca de trece millones de dólares en los primeros cuatro años. AI finalizar la concesión, todas las instalaciones y equipos pasarían al Estado. 

Lo más irritativo era una suerte de cláusula de "extraterritorialidad", que permitiría a la California establecer aeropuertos, caminos sistemas de comunicaciones y embarcaderos en la zona asignada, sin sujetarse a las leyes argentinas. Por lo demás, cualquier litigio en torno al contrato sería sometido al arbitraje de una persona o firma de alta reputación internacional, designada por acuerdo entre las partes. A estos últimos aspectos se refería Frondizi, al hablar de "una ancha franja colonial". 

Años más tarde, el mismo Silenzi de Stagni reconocería que el contrato con la California era beneficioso, comparado con las cláusulas de los convenios petroleros suscriptos por el gobierno argentino en 1958, cuando el presidente era Arturo Frondizi: " .. .lo proyectado en las postrimerías del régimen peronista -diría-, no resultó sino algo pálido si se lo compara con los contratos actualmente en vigor en materia petrolera, culminación de un proceso que inició en 1955 el entonces secretario de Industria Alvaro Alsogaray". 

Por otra parte, Arturo Jauretche ha especulado que el convenio con la California no estaba destinado a aprobarse:  habría sido un tanteo en busca de mejores condiciones, cuando el Congreso lo rechazara. Esa presunción se apoyaba en el creciente interés de los Estados Unidos por ampliar las fuentes de aprovisionamiento de combustible, para el caso de que el estallido de un conflicto con la Unión Soviética bloqueara el acceso a los yacimientos de Medio Oriente. 

Así se explicaría que ante la oposición desatada en las propias filas de su partido, Perón se mostrara prescindente y dejara la decisión en manos del Congreso. "¿Podía un Congreso cuyos miembros fueron perseguidos después por el delito de traición a la Patria por haber otorgado facultades extraordinarias al 'dictador', haber obstaculizado, o simplemente retardado la sanción de una ley exigida por el mismo? No habría ningún revolucionario de 1955 que pueda explicar que la ley no se sancionase en un largo año de discusiones, y sobre el tambor, si el dictador lo hubiera exigido...” , ha escrito Jauretche. 

Lo cierto es que al ser sometido a la Legislatura, el contrato tropezó con la oposición, no solamente de los radicales, sino de la bancada oficialista. La oposición de la CGT se reflejó en los diputados de origen sindical. Amado Olmos -que pertenecía a ese sector- y John William Cooke, se contarían entre los más intrasingentes. 

Asi, el acuerdo con la California no llegaría a efectivizarse, pero se convertiría en un eficaz argumento que agregaría la oposición en su prédica contra el gobierno.